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Protección del informante y garantías de la persona afectada

NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA

Estudios Penales y Criminológicos · 17.08.2026 · 1-45

DOI: 10.15304/epc.49.11294 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Estudios Penales y Criminológicos, online erschienen am 17.08.2026. Verfasst von NICOLAS RODRIGUEZ GARCIA.

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Abstract (Originalsprache)

Este trabajo analiza la posición jurídica de la “persona afectada” en el marco de la Directiva (UE) 2019/1937 y de la Ley 2/2023, partiendo de una premisa central: la protección del informante no puede construirse a costa de ignorar las garantías de quien resulta concernido por la comunicación de la persona colaboradora. Desde esta idea, se defiende que la sostenibilidad constitucional del modelo depende de asumir que en él conviven dos centros de gravedad que deben ser articulados de forma compatible: la protección del informante, como presupuesto de eficacia, y el estatuto de la persona afectada, como exigencia de garantía. Sobre esta base, el trabajo examina el alcance del art. 39 LPI y muestra que el verdadero problema no está en la ausencia formal de derechos, sino en su efectividad en las fases más tempranas de gestión, verificación e investigación interna, cuando la comunicación ya puede producir efectos reputacionales, laborales, disciplinarios o económicos. De ahí que se aborden, con particular detenimiento, la notificación a la persona afectada, la presunción de inocencia en el canal, el derecho de defensa y de acceso al expediente, la confidencialidad, el tratamiento de datos y la persistencia de imputaciones informales que pueden proyectarse después sobre el proceso penal. El trabajo defiende, en consecuencia, una lectura no teórica de las garantías: la confidencialidad no equivale a anonimato absoluto frente al proceso penal; las restricciones de acceso deben ser excepcionales, motivadas y revisables; y los procedimientos internos han de incorporar contrapesos explícitos y operativos que eviten que haya investigaciones opacas o prospectivas. Conforme a ello, la conclusión alcanzada es clara: el modelo solo resultará legítimo y funcional si protege al informante sin convertir a la persona afectada en la parte desprotegida del sistema.

Zitieren

APA

GARCIA, N. R. (2026). Protección del informante y garantías de la persona afectada. Estudios Penales y Criminológicos, 1-45. https://doi.org/10.15304/epc.49.11294

Vancouver

GARCIA NR. Protección del informante y garantías de la persona afectada. Estudios Penales y Criminológicos. 2026:1-45. doi:10.15304/epc.49.11294

BibTeX
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